La Asociación de Afectados por Volkswagen avisa que en 3 meses se acaba el plazo para reclamar.

La Asociación de Afectados por Volkswagen, 13 despachos de abogados que representan los intereses de más de 2.000 afectados, avisa que todos aquellos afectados por el Dieselgate en España que aún no hayan reclamado sus derechos, no podrán hacerlo si finalmente se cumple la intención de la Fiscalía de trasladar el caso a la justicia alemana. Su presidente, Antonio Heredado, anima a los afectados a reclamar sus derechos uniéndose a la agrupación sin ningún coste previo.

El cambio de jurisdicción del caso de España a la justicia alemana supondrá que se acabará el plazo para que todos aquellos afectados que aún no hayan dado el paso de reclamar sus derechos puedan hacerlo. “Quién no haya reclamado todavía, tendrá que hacerlo lo antes posible ya que, si prospera el traslado a la justicia alemana, se le complicaría mucho las posibilidades”, explica Heredado.

Si se cumplen los plazos previstos, en los próximos 3 meses se podría haber dado traslado del caso a
Alemania.

Sergio Meller, miembro de la Agrupación de Afectados por Volkswagen, lamenta que las Administraciones españolas “miren hacia otro lado” cuando se trata de defender los derechos de los consumidores frente a los grandes poderes económicos. “Ha ocurrido hace unos días con las hipotecas y la banca, y ocurre con el Dieselgate, donde la Dirección General de Tráfico se ha limitado a recomendar a los afectados que accedan a la solución planteada por Volkswagen, que consiste en quitar el trucaje del motor, sin tener en cuenta que esto convierte al vehículo en más contaminante y que tenga muchos problemas mecánicos”, señala. “A la DGT parece no importarle que los clientes reclamen sus derechos, ni que los coches contaminen por encima de lo que establece la ley”, añade.

La Agrupación de Afectados por Volkswagen se mostró muy crítica con la decisión de la Fiscalía de trasladar el Dieselgate de la Audiencia Nacional a la jurisdicción alemana. Esta petición se enmarca dentro de la postura mostrada por la Administración española de no defender los derechos de los afectados frente a los intereses del grupo automovilístico alemán. Meller cree que es uno de los mayores grupos automovilísticos del mundo, con marcas como Audi, Volkswagen, Skoda y Seat, por lo tanto, con grandes intereses en España, “lo que hace que la Administración no quiera molestar a la compañía por si acaso”.

Meller lamenta que el Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional no está teniendo la diligencia que se espera en un caso de esta importancia: “Durante los últimos meses, el Juzgado ha debido limitarse poco más que a gestionar las miles de comparecencias que como perjudicados se han ido produciendo”.

Frente a la pasividad de las Administraciones españolas, la justicia alemana si ha conseguido dar pasos en favor de los afectados y contra el gigante del automóvil. Impuso una sanción al grupo de 1.000 millones de euros (multa de 5 millones y devolución de 995 millones de beneficios “indebidos”), aceptada por el propio grupo. En un comunicado oficial, Volkswagen admitió que “de acuerdo con los resultados obtenidos por el fiscal de Braunschweig, hubo causas concurrentes en un total de 10,7 millones de vehículos con los motores diesel de los tipos EA 288 (Generación 3), en Estados Unidos y Canadá, y EA 189, en todo el mundo, siendo anunciados, vendidos a los clientes y colocados en el mercado con una función de software inadmisible en el período comprendido entre mediados de 2007 y 2015”.

También tuvo que hacer frente al pago de más de 800 millones de euros a Porche, accionista del grupo Volkswagen, y a la detención y toma de declaración de varios directivos, el último de ellos Rupert Stadler, CEO de Audi, en junio; la imputación del expresidente de Volkswagen, Martin Winkertorn, en julio; o la realización de numerosos registros en las sedes de las marcas implicadas (Volkswagen, Porsche, Audi, BMW).

Alberto Rey, de la Asociación de Afectados, destaca que el Gobierno español, “sorprendentemente”, no ha sancionado de ninguna manera al grupo automovilístico, a pesar de las evidencias del fraude y engaño a las autoridades públicas de certificación españolas. Se ha limitado a asumir la nueva homologación, y ha manifestado que al ser las emisiones similares a las que se obtuvieron falsamente, no existe perjuicio a las subvenciones. “Esta es la excusa que ha utilizado el Gobierno para no personarse en un caso que ha afectado a más de 700.000 españoles”, critica.

Rey recuerda que todos aquellos que hayan accedido a que Volkswagen arreglara sus vehículos, no han perdido el derecho a reclamar su indemnización. Muchos de los afectados que han llevado sus vehículos a Volkswagen para “solucionar” el problema, se encuentran con averías, fallos y sorpresas desagradables, que en la gran mayoría de los casos la empresa se niega a asumir.El filtro de partículas, la válvula de reciclaje de gases, los inyectores y otros componentes sufren un desgaste superior ya que, tras la modificación del software, están sometidos a una carga de trabajo infinitamente mayor y para la cual no están diseñados de origen.